25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez
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25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de enero de 2024
Boletín No. 02
25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez
La Corte Interamericana debe aprovechar una oportunidad histórica para la verdad en México
Hoy se cumplen 25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez (Antonio), base de apoyo zapatista, por parte del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia). Se espera que este 2024, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CoIDH) emita su sentencia sobre el caso. A la fecha, el Estado mexicano no ha llevado a cabo la búsqueda del paradero de Antonio, tampoco ha habido reconocimiento claro de su responsabilidad en este crimen cometido en el marco de una política contrainsurgente criminal.
Fueron 25 años marcados por la tristeza, el dolor y la ausencia de Antonio que era a la vez luchador social, hijo, hermano, compañero de vida, y padre de 3 hijas y un hijo. 25 años de una lucha por la verdad y la justicia encabezada con valentía por su pareja, Zonia López Méndez (Zonia), con el apoyo de su familia. Su camino de resistencia ha llevado a Zonia, con el acompañamiento del Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) hasta las más altas instancias internacionales. En junio de 2023, se celebró la audiencia del caso ante la Corte Interamericana de Derechos humanos (CoIDH). En está ocasión, Zonia y el Frayba reiteraron la urgencia de buscar y encontrar a Antonio, tomando en cuenta el contexto de violencia política generalizada característica del conflicto armado interno de los años 90 en Chiapas. La búsqueda es un primer paso imprescindible para empezar a sanar como familia, y a la vez un acto de reparación necesario para la sociedad chiapaneca y mexicana en su conjunto.
Además, se exigió al Estado que reconozca su responsabilidad plena y completa en la desaparición de Antonio a manos de un grupo que solo pudo operar en Chiapas gracias a la complicidad activa del Estado. Paz y Justicia fungía como uno de los brazos armados del Estado mexicano en su intento de reprimir a movimientos sociales de Chiapas tras el alzamiento del movimiento zapatista.
A la fecha, la familia y el Frayba siguen pendientes de la sentencia de la CoIDH, con la esperanza de que sea una forma de obligar al Estado mexicano a asumir su responsabilidad histórica ante un crimen de Estado que tuvo repercusiones mucho más allá de la zona norte de Chiapas, donde radicaba Antonio. La sentencia debe establecer elementos importantes de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar al Estado a reparar integralmente a la familia de Antonio y a todas las víctimas de su política criminal.
De acuerdo a la documentación del Frayba, Paz y Justicia, fue uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región. Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94” incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia.
Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a no olvidar estos crímenes que implican una herida abierta para familiares y comunidades. Recalcamos el deber del actual gobierno de garantizar la verdad, justicia y no repetición. Sus omisiones año con año profundizan los múltiples impactos en las personas sobrevivientes de la guerra de contrainsurgencia.
